·       Problemática y conflicto en los pueblos emberas del pacifico
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Los procesos económicos que afectan la población Embera
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El pueblo Embera Katio del Alto Sinú y el Proyecto hidroeléctrico Urra

 

PROBLEMATIZACION Y CONFLICTO EN LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PACIFICO COLOMBIANO

  • LA REGION DEL PACIFICO: ASPECTOS DE SU GEOGRAFIA
  • LA POBLACION INDIGENA
  • EL CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO
  • EL MODELO DE DESARROLLO
  • LA COMPETENCIA POR EL ACCESO A LA CUENCA DEL PACIFICO
  • CRISIS DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL PACIFICO
  • LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO JURIDICO –TERRITORIAL
  • LAS COMUNIDADES INDIGENAS FRENTE AL MODELO DE DESARROLLO
  • LAS MULTINACIONALES DE LA BIOTECNOLOGIA
  • LOS COLONOS DE LA ZONA ANTIOQUEÑA Y DEL VALLE DEL CAUCA
  • PRESENCIA DE LOS DIFERENTES ACTORES ARMADOS

Colombia es un país sumergido en profundos conflictos históricos y coyunturales que, de alguna manera, han obstaculizado un proceso de convivencia que le posibilite ver el futuro de bienestar para todos respetando  las diversidades  tanto étnicas como políticas y económicas.

La región del Pacífico Colombiano es un fiel reflejo de la realidad Colombiana: Un país con una inmensa riqueza  bio geográfica, pero con una gran pobreza en términos de calidad de vida y de  posibilidades de convivencia pacífica.

Los siguientes apartados son una primera aproximación a los elementos que  caracterizan y explican el conflicto social en el Departamento del Chocó, en la región pacífica y la forma en que las comunidades indígenas y afrocolombianas viven dicha situación conflictiva.

 

I. LA REGION DEL PACIFICO: ASPECTOS DE SU GEOGRAFIA

La región del pacifico comprende un amplio corredor  que configura el occidente del país, con aproximadamente 1.300 kilómetros de longitud y un área de 71.000 Km2, equivalentes al 6.2% del territorio nacional. [1]

Esta  región se sitúa entre las fronteras con Panamá, en el Norte, y con el Ecuador, en el Sur. Hacia el Oriente tiene como límite la Cordillera Occidental, y hacia el Occidente el Océano Pacífico. Esta vasta zona comprende, además, la Serranía de Baudó, del Darién y las cuencas de los ríos San Juan y Atrato, este último afluente del Atlántico en el Golfo de Urabá. La mayor parte de la región yace sobre el llamado Geosinclinal Bolívar que se extiende desde el Golfo de Urabá hasta el golfo de Guayaquil, al Sur del Ecuador.

Desde el punto de vista fisiográfico se pueden  distinguir las siguientes unidades de paisaje:

  • El Norte del litoral, dominado por la Serranía del Baudó.
  • La  llanura aluvial del Sur del Pacífico.
  • El valle del río Atrato que confluye al Atlántico.
  • El valle del río San Juan.
  • El corredor andino conformado por la Cordillera Occidental y el Macizo Andino del Sur.

La línea costera al Norte de Cabo Corrientes es angosta y acantilada, con ensenadas cortas en las que domina el paisaje de la Serranía del Darién, el más importante territorio indígena Emberá. Al Sur del mismo cabo, el paisaje cambia dando lugar a la llanura aluvial del sur en la que la línea costera es dominada por numerosos bajíos y bancos de arena, brazos de mar y estuarios, territorio de comunidades afrocolombianas y comunidades Wuaunana y Epera Sapidara. La zona de transición hacia las terrazas y vegas aluviales está dominada por el ecosistema manglar.

El valle aluvial del río Atrato está conformado por un complejo de ciénagas y humedales ricos en especies forestales, presentándose al sur del mismo uno de los únicos bosques homogéneos de las selvas húmedas del trópico: los cativales.

Dos valles xerotíficos (secos) cortan el complejo orográfico de la cordillera occidental, el del río Dagua y el del Patía, un valle profundo, este último sobre el que se ha pensado construir uno de los más ambiciosos proyectos hidroeléctricos del país.

Se encuentran en la región algunos bosques de niebla, entre ellos el más renombrado está localizado sobre las estribaciones occidentales del Volcán Nevado de Cumbal, asiento territorial del pueblo Awa.

Los pueblos indígenas que ocupan las zonas escarpada de la cordillera son los Emberá Chamí,  (Alto río san Juan), los Emberá de Andágueda (Farallones de Citará- Caramanta), los Emberá - Chamí del alto Calima, los Emberá Chamí del río garrapatas y los Emberá -Catío del río Murrí.

El Pacífico colombiano es considerado una de las regiones más húmedas del planeta y también una de las más ricas en especies en flora y fauna. Llueve entre  5.000 y 12.000 mm/ al año y tiene aproximadamente tres cuartas partes de su área todavía cubierta por selvas tropicales, estimadas en 5.4 millones de hectáreas, de las cuales el 47% no está todavía intervenido.

Estos bosques producen más del 58% de la madera aserrada que es consumida en el país. Se encuentran allí entre siete y ocho mil especies de plantas de las 45.000 que existen en Colombia y en la región se registra uno de los mayores índices de endemismo continental de plantas y aves.

La coexistencia de los territorios indígenas y algunas áreas declaradas como parque, permitida desde la legislación anterior a la actual constitución, ha sido un factor de permanentes contradicciones. El parque de Utría es especialmente conflictivo por abarcar territorios de varios resguardos indígenas Emberá.  En el de los Katíos, declarado como parque en previsión de la construcción de la Carretera Panamericana, en el sector del tapón del Darién, la población indígena fue desplazada.

 

II. LOS INDÍGENAS EN EL CHOCÓ [2]

En el pacífico viven aproximadamente 56.000 indígenas reunidos en cerca de  220 comunidades pertenecientes a los grupos étnicos Emberá, Wounan, Eperara Sapidara, Tule, Awa. Algunos núcleos de indígenas Paez, provenientes del Cauca andino se han localizado recientemente en la región.

Los indígenas viven en el medio selvático, fundamentalmente en la cuenca alta de los ríos. Agrupados en parentelas practican la agricultura del plátano y el maíz, sus dos alimentos fundamentales, y en sus parcelas familiares cultivan gran variedad de especies alimenticias útiles. Parte de su tiempo lo dedican a la caza, la pesca y la recolección de productos de la selva. Los jefes espirituales de los Emberá son  los Jaibaná.

El panorama actual muestra una numerosa población Embera, la más relevante desde el punto de vista poblacional, asentada sobre la serranía del Baudó, al Norte de la región.

A la ruptura de su mundo material y espiritual, los indígenas han respondido desde la década de los años setenta por medio de un proceso de organización regional en torno a la defensa del territorio y de la cultura, que tuvo y sigue teniendo como núcleo a la Organización Regional Indígena Emberá Wounaan - OREWA, y a la Organización Indígena de Antioquia -OIA- (Embera -Tule). Han conformado cabildos, una forma de autoridad que, inspirada en las instituciones de la colonia hispánica, sobrevivió con éxito en la región de los Andes y en los años setenta se reivindicó con nuevos contenidos.

Según el Departamento Nacional de Planeación, a pesar del  reconocimiento territorial  logrado en el pacífico, al ser legalizados 95 resguardos de tierras sobre un área de 1.254.521 hectáreas, quedan cerca de  diez mil indígenas que todavía no tienen este amparo legal y muchas familias siguen teniendo, con terceros no indígenas, conflictos de tierras y disputas por el acceso que estos pretenden sobre los recursos naturales, especialmente maderas y oro.

 

III. EL CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO

Uno de los aspectos más determinantes de  la situación social de las comunidades nativas del pacífico tiene que ver con los índices de pobreza absoluta que se vive en la región y el casi total abandono en que el Estado Colombiano tiene a estas comunidades, en cuanto a atención de servicios y satisfacción de necesidades básicas. Otro aspecto tiene que ver con la discriminación racial hacia las comunidades étnicas negras e indígenas por parte de la sociedad nacional, esta situación genera resentimientos por parte de los nativos y abusos culturales y económicos de parte de habitantes de otras regiones del país.

 

IV. EL MODELO DE DESARROLLO

La región del pacífico vive una especial situación conflictiva. Varios factores explican la difícil situación social que viven los grupos étnicos que allí habitan, pero en general,  podría decirse que se ha consolidado, en detrimento de la integridad territorial  de los pueblos indígenas, un modelo de desarrollo basado en la extracción de productos naturales, especialmente oro, maderas y recursos hidrológicos, y la sustitución de la selva por pastos para la ganadería y los monocultivos. Este modelo choca radicalmente con la concepción de las comunidades indígenas que conciben el  desarrollo como PLANES DE VIDA que les posibilitan, individual y colectivamente, vivir en armonía con la naturaleza.

 

V. LA COMPETENCIA POR EL ACCESO A LA CUENCA DEL PACIFICO

Dentro de la lógica de transnacionalización del capitalismo actual y de la apertura económica, los grupos económicos de la periferia andina, a los que ha estado históricamente sujeta la región, están buscando un mejor acceso al mar y mejores condiciones para el comercio a partir de los puertos del pacífico. De allí la prioridad de mejorar y construir nuevas vías hacia el océano, muchas de las cuales atraviesan los territorios indígenas; de construir una represa para la generación de energía eléctrica como la de Arrieros de Micay; de construir el puerto alterno de Tribugá, etc.

Los últimos gobiernos colombianos, especialmente el de Ernesto Samper, han propuesto expandir el curso del río Truandó, afluente del Atrato, para interconectar el Océano pacífico con el mar Caribe. En octubre de 1996, el presidente viajó a China, Indonesia y otros países del lejano Oriente en busca de inversionistas y comenzó a negociar fondos para este megaproyecto con el gobierno e inversionistas privados de Corea del Sur. En febrero de 1997 se abrió la primera licitación pública para iniciar los estudios de factibilidad de ese canal interoceánico Atrato-Truandó.

Todo esto se desarrolla en consonancia con un programa de obras públicas para el litoral que incluye un sistema vial de comunicación del pacífico con las ciudades andinas de Pasto, Popayán, Pereira y Medellín. En Tumaco, Buenaventura, Guapí y Tribugá se construirían nuevos muelles con capacidad para barcos de gran tonelaje. De esas vías, según los expertos, la más problemática es la que une a Pereira con Tribugá, porque es probable que se extienda hasta Panamá por el Tapón del Darién y sería financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Según denuncias de ambientalistas, esta construcción puede destruir el parque natural de los Katíos, una de las principales reservas mundiales de la biodiversidad, así como resguardos indígenas y áreas susceptibles de ser tituladas colectivamente a los afrodescendientes, incluidos habitantes del Baudó (El Espectador, 1997. Citado por Jaime Arocha en Geografía Humana de Colombia,  Tomo VI de 1998. "Los Afrocolombianos", ).

 

VI. CRISIS DE LAS COMUNIDADES RURALES EN EL CHOCÓ

 A pesar de la escasa inversión pública y privada la  región se desruraliza y se concentra en centros suburbanos en condiciones de miseria. Proceso que afecta en especial a las comunidades afrocolombianas. En efecto, ciudades como Quibdó e Itsmina, entre otras, son un fiel ejemplo de los desplazamientos de las comunidades afrocolombianas a las que cada vez se reduce más sus posibilidades de sobrevivencia y bienestar en sus territorios tradicionales como son las orillas de los ríos.

 

VII. LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO JURIDICO TERRITORIAL Y LAS CONSTANTES TENSIONES SOCIALES.

Las expectativas generadas por los derechos legales territoriales consagrados en la Constitución Política de 1991 a favor de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, han chocado con los intereses económicos y las políticas desarrollistas. A la vez este es un aspecto conflictivo interétnico, por cuanto los planes de ordenamiento territorial aún no recogen las necesidades e intereses de las comunidades indígenas ni afrocolombianos, ni establecen claridad en las delimitaciones territoriales que corresponden a las mismas. Tampoco existe una legislación clara que establezca límites a la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de los colonos y de las compañías de explotación minera y maderera, que están atentando contra la biodiversidad de la región.

La Constitución Política en su artículo 286 da a los territorios indígenas la categoría de entidades territoriales, al lado de los departamentos, municipios, distritos especiales y provincias. Para llevar a cabo este mandato la Constitución prevé, en su artículo 329, que la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto por la Ley Ogánica de  Ordenamiento Territorial y su delimitación la hará el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas.

Adicionalmente la ley 21 de 1991 que ratificó el convenio 169 de 1988 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, en su artículo 6.1.a obliga al Gobierno a consultar a los pueblos interesados las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. En consecuencia, los indígenas del Chocó reivindican  la obligatoriedad que tiene el gobierno de consultarles sobre los elementos constitutivos de los proyectos de ordenamiento territorial y de desarrollo, el respeto de las Entidades Territoriales indígenas y los procesos de conformación de otras Entidades Territoriales Indígenas que aún no han sido reconocidas por los planes gubernamentales en el Departamento del Chocó.

 

VIII. LAS COMUNIDADES INDIGENAS FRENTE AL MODELO DE DESARROLLO

Las tendencias y concepciones dominantes del desarrollo económico y social están siendo cuestionadas por los grupos étnicos a partir de las siguientes consideraciones:

  • Alteran los espacios de vida silvestre fundamentales para la vida indígena.
  • Favorecen el incremento de la demanda ambiental.
  • Propician los movimientos de población hacia la región y por ende la colonización, poniendo en peligro la territorialidad de los grupos étnicos.
  • Agudiza la inequidad  en la distribución de la riqueza y los ingresos, a lo que se añade y favorece los modelos de concentración urbana en desmedro de las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Con frecuencia se pretende deslegitimar  la oposición indígena a estos proyectos con el argumento de que se trata de puntos de vista que entorpecen el desarrollo y el progreso de la región. En muchas ocasiones los indígenas han señalado que no se trata únicamente de la defensa de sus territorios, sino también de la defensa del interés nacional por conservar un patrimonio biológico y cultural único, representado en los importantes y ricos ecosistemas selváticos y marinos del pacífico colombiano y los modos de uso sostenible de los mismos, que tradicionalmente han hecho los grupos étnicos.

Esta búsqueda de alternativas ecológicas y culturalmente viables para mejorar la capacidad productiva de la región y su infraestructura  social, más que productiva, es una cuestión que se empieza a plantear en el sector público. Las disposiciones  sobre los pueblos indígenas incorporadas en la Constitución de 1991 contemplan y garantizan formas autónomas de gobierno de sus territorios y mecanismos de participación en la vida política nacional, y en especial, en las decisiones  públicas relativas al desarrollo que los afecten.

 

IX. LAS MULTINACIONALES DE LA BIOTECNOLOGIA SAQUEAN EL PACIFICO. [3]

Desde hace ya varios años, veinte especies de plantas tropicales con flores vienen siendo utilizadas por las industrias biotecnológicas  de la industria famacéutica de los países industrializados. Estos medicamentos han sido comercializados en los países del norte  por  cifras que representan billones  de dólares.

Ya no es ningún secreto que la mayoría de las medicinas provienen de  los países del trópico y muchas se basan en los conocimientos etnobotánicos de las comunidades indígenas y campesinas. No obstante, ni los países propietarios de las plantas ni las comunidades nativas han recibido beneficios o regalías por las astronómicas ganancias de esta industria y, por el contrario, para acceder a estos medicamentos deben pagar precios más altos que los pagados por un consumidor norteamericano o europeo.

Los grandes capitales se disputan  el derecho de explotar la biodiversidad de los países tropicales y de sus áreas mejor dotadas, como la amazonía y la región bioeográfica del Chocó. En efecto, cerca de la mitad de las especies de plantas y animales existentes en el planeta se concentra en los bosques tropicales, de los cuales Colombia posee aproximadamente un 10%. Esta amenaza del saqueo genético es desconocida por la mayoría  de los colombianos, incluidos los habitantes del Chocó biogeográfico y por la clase política del país.

La biodiversidad, además de su función ecológica y paisajística, representa numerosos beneficios en alimento, medicamentos, vacunas, fuentes de energía, etc. El desarrollo de modernas técnicas biotecnológicas y la creación de instrumentos jurídicos para  proteger los derechos de propiedad intelectual sobre productos derivados de esa biodiversidad, han estimulado el desarrollo de una poderosa generación de industrias biotecnológicas en los países desarrollados. Estas industrias, a través de sus gobiernos han presionado a los gobiernos subdesarrollados para que adopten patentes que protegen ¨ sus ¨ derechos intelectuales en los descubrimiento científicos, desconociendo la propiedad intelectual de las comunidades indígenas de donde ellos obtienen ese conocimiento. Este tema fue ampliamente discutido en la Cumbre ambiental de  Río en 1992. Uno de los puntos de l a Convención Mundial sobre Biodiversidad suscrita en la Cumbre de Río establece que los países del norte deben compartir con los países del sur la tecnología y los  beneficios económicos provenientes de los procesos biotecnológicos, en intercambio por el acceso a la biodiversidad tropical; y que los  beneficiarios  de la conservación y el uso sostenible de las especies biológicas deben ser los grupos indígenas que han conservado y utilizado esta biodiversidad durante siglos. El tratado fue firmado por 153 países, excepto Estados Unidos.

Actualmente, los países industrializados tienen varios instrumentos para proteger los derechos intelectuales de quien descubre una nueva especie biológica útil. Estos instrumentos adjudican al descubridor el derecho exclusivo para explotar la especie por un período limitado de tiempo. Sin embargo algunos de estos países están presionando a las naciones tropicales para que adopten las patentes como instrumento principal para la protección de estos derechos. Otras naciones tropicales, por ejemplo Colombia,  India y Ecuador, han sido objeto de medidas coercitivas por parte de los países desarrollados. La mayoría de los países del trópico tiene argumentos importantes para rechazar la adopción de patentes o la inclusión de plantas y animales en la ley de patentes.

 

X. LOS COLONOS  DE LA ZONA ANTIOQUEÑA Y DEL VALLE DEL CAUCA

La región del Chocó históricamente ha sido un espacio de conflicto en donde otras regiones se disputan la supremacía para la explotación de sus riquezas de oro y madera, excluyendo o desconociendo los derechos que, tanto a las comunidades indígenas como  la población negra, poseen sobre dicho territorio y sus riquezas.

 

XI. PRESENCIA DE LOS DIFERENTES ACTORES ARMADOS

En el departamento del Chocó hacen presencia todos los grupos que se diputan, por medio de las armas, el poder político y territorial en Colombia: FARC, ELN, AUTODEFENSAS y ESTADO. Las comunidades indígenas están soportando presiones de toda índole para que se vinculen al conflicto, sin embargo han asumido una posición de autonomía territorial e independencia frente a los actores armados que se fundamenta en su experiencia histórica de respeto a los demás y a la propia naturaleza. Las comunidades piden que quienes están en guerra respeten sus pueblos, sus costumbres y sus ámbitos naturales pues sus planteamientos  fundamentales tienen que ver con el deseo de la paz en la región y la búsqueda de su autonomía cultural y territorial para colaborar, desde esta posición en el desarrollo y búsqueda de la paz. [4]


[1] SANCHEZ  ENRIQUE, Tierra profanada, Grandes proyectos en Territorios Indígenas de Colombia, ONIC, CECOIN, 1995

[2] Datos  publicados en el documento, LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA DE  RAUL ARANGO Y ENRIQUE SANCHEZ, Publicado POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 1988.

[3] CARRIZOSA, Santiago, PATENTES, vía libre al saqueo del Pacífico,  publicado en la revista ECOLOGICA... #  15...

[4]



LOS PROCESOS SOCIOECONOMICOS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN EMBERA

1. Las prácticas extractivas

La madera: La extracción de recursos naturales es el factor económico que más determina los procesos sociales regionales. Esta actividad económica se ha dinamizado por una mayor demanda, cambios en las estrategias para la extracción de recursos forestales y mineros, con tecnologías livianas, y por el desarrollo de formas de explotación que permiten la evasión de normas legales y de regulación del medio ambiente.

La región es el centro de extracción de recursos maderables más importante del país, debido a la presencia de bosques con especies valiosas utilizadas para abastecer mercados internos de madera para la construcción y para la producción de papel, lo que ha traído la disminución de las reservas de especies como la caoba, el mangle, el abarco, los bosques homogéneos de cativales y las asociaciones forestales como las de natales, guandales y naidisales.

La extracción de madera ha afectado seriamente los ecosistemas de humedales, esteros y estuarios, hábitat de numerosas especies de flora y fauna terrestre y acuática, que necesitan en su vida cotidiana los grupos étnicos cuyos sistemas productivos están dirigidos principalmente a la subsistencia.

La minería: Se presenta un auge de la actividad minera con tecnologías livianas, especialmente retro-excavadoras, minidragas y motobombas. La minería es una actividad de gran impacto ecológico y social. La región produce el 16% del oro del país.

 

2. La sustitución de los bosques por pasto y los monocultivos

Los recursos biológicos de la región se han venido disminuyendo por efecto de presiones colonizadoras, especialmente alrededor de corredores viales que cruzan transversalmente el territorio. También por el avance de la ganadería extensiva que modifica el paisaje selvático mediante el cultivo de praderas, lo cual ha favorecido la concentración de la propiedad y el desalojo de las comunidades nativas, indígenas y negras.

Así mismo, la agricultura del monocultivo, con especies como el coco y la palma africana, y la cría de camarones en estanques precisan la destrucción del manglar y la explotación de bosques a gran escala, alterando paulatinamente los ecosistemas silvestres.

Según los investigadores, la consolidación del proceso de sustitución de la selva por pastos al norte y al sur de la región se ha hecho de la siguiente manera: Colonización por campesinos pioneros de origen Zenú al norte y campesinos de los andes al sur -cultivo de pasturas-; adquisición por latifundistas absentistas y migraciones del campesino colono hacia nuevos frentes de colonización

 

3. La presión económica de la periferia andina

Pesa mucho en la economía regional del pacífico el interés de grupos económicos de la periferia andina, es decir de Antioquia, Antiguo Caldas, Valle del Cauca y Nariño. La llamada "frontera capitalista que avanza sobre el pacífico, a través de corredores viales, favoreciendo los procesos de colonización y la expansión económica en dirección este-oeste. Muchas de estas vías construidas o previstas, atraviesan territorios indígenas. Existen además contextos sociales extra-regionales muy conflictivos como la situación del Urabá Antioqueño, cuya economía depende del banano, y la situación de la economía agro-industrial del Valle del Cauca, que depende del mercado azucarero y cuyas crisis, generadas por el mercado de exportación, suelen afectar las áreas de periferia sobre el pacífico.

 

4. La acción pública y los programas de desarrollo

Se observa en la región el impacto negativo de una intervención pública desordenada, en un marco contradictorio de políticas económicas, ambientales e indígenas.

Políticas según las cuales la región debe servir de soporte al proceso de apertura económica hacia la cuenca internacional del pacífico, coexisten con aquellas que proponen conservar los importantes recursos biológicos de las selvas y el mar, como una acción futura dentro del horizonte del llamado "desarrollo sostenible".

Muchas de las mayores obras de infraestructura se realizan dentro de los grandes programas que, desde el Estado, se emprenden para atender las llamadas necesidades del desarrollo o para brindar servicios sociales básicos a la población. En estos planes juega un papel muy importante las agencias internacionales de crédito y los programas de cooperación técnica internacional.

 


EL PUEBLO EMBERA KATIO DEL ALTO SINU Y EL PROYECTO HIDROELECTRICO URRA

 Tomado de la pagina Web de los Embera Katio


CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUEBLO EMBERA.

  • Los Embera del Alto Sinú, pertenecen al grupo Embera que se extiende por todo el Pacífico y el Occidente colombiano. Habita la parte alta de la cuenca del Río Sinú, en un espacio de 103. 517 hectáreas que conforman el resguardo Êbêra Katío del Alto Sinú, constituido mediante resolución No. 053 de diciembre de 1998. Este territorio coincide en gran parte con el Parque Nacional Natural de Paramillo y abarca los ríos Esmeralda (Kuranzadó), Verde (Iwagadó), Cruz Grande (Kiparadó) y la parte alta del río Sinú (Keradó).

  • El territorio Êbêra es el lugar mejor conservado del Parque y consecuentemente el último relicto de bosque del caribe colombiano. En el territorio indígena, el Río Sinú conforma su caudal y se mantiene una notable recuperación del ecosistema de selva húmeda alterado hasta hace poco por la extracción de madera y la colonización.

  • La población actual se estima en 2.400 personas, agrupadas en 450 familias, distribuidas por rios en Kuranzadó, Keradó e Iwagadó. En un reciente estudio demográfico se encuentra que el 62.7% de la población es menor de 18 años y sólo el 4.8% sobrepasa los 50 años. La esperanza de Vida no supera los 50 años y la morbilidad está asociada a enfermedades como el Parasitismo, las enfermedades respiratorias, diarreicas y las derivadas de la carencia alimentaria: anemias, desnutrición. Las tasas de mortalidad son de la magnitud de 6,04 por mil y las de crecimiento promedio son del 42,98 por mil.

  • La cobertura a nivel de salud es bajísima, al igual que la de educación y de servicios básicos de agua potable, manejo de basuras y excretas.

  • La actividad económica tradicional estaba soportada en la recolección, caza y pesca, pero esta fue girando a la agricultura y a la extracción selectiva de maderas (por una parte de la población). Esta última originó una seria crisis cultural, social, política y económica que se está superando actualmente a través del estímulo a la producción agrícola, la protección de los sitios de caza, producción de especies animales menores y producción acuícola.

  • Históricamente se ha caracterizado por tener varias autoridades de acuerdo con áreas territoriales y asentamientos familiares y conforma su poblamiento en familia extensas, en lo que hoy se llama comunidad. Actualmente existen 21 comunidades o asentamientos político administrativos, incluyendo a Sorandó que está por fuera del Resguardo. Las comunidades se encuentran organizados bajo la forma de Cabildo, orientadas por un Gobernador y una Nokowera (mujer gobernadora).

  • El pescado era hasta la desviación del río por la construcción de la represa la principal fuente de abastecimiento alimentario. El bocachico, la yulupa, la dorada, la charúa, los barbules, entre otras especies garantizaban la proteina a través del año. Hoy este recurso está prácticamente extinto.

  • La cosmovisión del Pueblo Êbêra está estrechamente relacionada con el río. El río Sinú (Keradó), sus quebradas, las ciénagas y la vida que allí se soporta están expresadas muy claramente en el mito del origen del agua. Además el río garantizaba el desplazamiento y la movilización de productos.

  • El río (DO) da nombre a los lugares por donde pasa y crea mitos e hitos: Apartadó (Río de plátano), Chigorodó (Río de guadua), Chibugadó (Río de abarco); Pawarandó (Río de agua tibia ), por mencionar algunos ejemplos.

  • Urrá es también una palabra Embera. Designa a una abeja pequeña. Para los Embera esto también altera su imaginario y creen que nada raro que otros proyectos en sus territorios sean denominados con elementos de su cultura no como medio de reconocimiento sino de sometimiento.

QUE SIGNIFICA URRA I ?

Desde el año 1951 un estudio realizado por J Tipton, destaca las posibilidades de desarrollo hidraúlico del departamento de Bolivar y señala la Angostura de Urrá como sitio de embalse. Veinte años más tarde la Corporación Eléctrica del Caribe contrata un estudio para la prefactibilidad de un proyecto hidroeléctrico de cerca de 300.000 kilovatios.

En 1.977 se presenta un estudio de factibilidad de los Proyectos Urrá I y Urrá II. Dicho estudio no menciona la existencia de los indígenas en la región. El mismo año se declara de Utilidad pública la zona del proyecto y se aprueba el Convenio con la V.O Energomachexport (rusa) para el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico, el cual se firma en 1.982. Tres años después se suscribe el contrato para obras civiles con Skanska Conciviles, (sueca) para la construcción de obras civiles.

En 1992 se crea la Empresa Multipropósito Urrá S.A. y seis meses más tarde, el entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables, ahora Ministerio del Medio Ambiente, otorga la licencia para la construcción del Proyecto.

El Proyecto Urrá I está localizado a 30 km al sur de Tierralta, sur del departamento de Córdova, al Noroccidente de Colombia. El área a inundar es de 7.400 hectáreas para producir 340 megavatios hidráulicos, lo que significa 21.7 héctareas utilizadas para producir un megavatio.

El costo del Proyecto Urrá I se estima en US$800 millones (ochocientos millones de dólares) lo que arroja una cifra promedio por kilovatio instalado de US$2.350 (dos mil trescientos cincuenta dólares), cuando para proyectos eficientes el precio del mismo Kilovatio fluctúa entre US$1.100 y US$1,350 dólares. En este escenario de costos se espera con mucha expectativa la decisión del gobierno sobre los mercados para un kilovatio tan caro. O será que la Nación, es decir todos los colombianos, tendremos que comprar a Urrá por tan alto precio para luego venderla, según algunos conocedores, entre US$120 y 200 millones de dólares ?

La vida útil del Proyecto es estimada por la propia Empresa en 50 años, pero la firma monitora internacional (MONENCO AGRA) de Canadá la proyecta a 20 años. Las informaciones de quienes conocen del tema nos informan que será mucho menos aún.

El pueblo Embera identificó en la etapa de consulta interna 105 impactos provocados por el proyecto, solo cinco de ellos positivos. Se mencionan entre los impactos más importantes del proyecto :

  • Descomposición de más de 7.000 hectáreas de biomasa.
  • Alteración de importantes ecosistemas: páramo, selva húmeda, humedales y estuario.
  • Alteración de la dinámica de las especies piscícolas: Interrupción del recorrido aguas arriba para el desove de especies como el Bocachico.
  • Afectación de la Economía de los pescadores del Bajo Sinú.
  • Potenciación de Conflictos intraétnicos (Embera)
  • Atracción de conflicto armado.
  • Alteración de los patrones culturales asociados al trabajo.
  • Suspensión del Sistema tradicional de transporte por el Río.
  • Penetración de la cuña Salina en el Estuario.
  • Desplazamiento involuntario de la población.
  • Inundación de las tierras más fértiles del territorio del pueblo Embera.
  • Inundación de cementerios y de los sitios sagrados (Jaidé).

 

EL PROYECTO URRA I Y EL PUEBLO EMBERA

El pueblo Embera se enfrenta entonces a una situación arbitraria y de hecho que no considera sus derechos especiales ni su condición de propietarios de sus territorios ancestrales. En 1994 se aglutina alrededor del Do Wambura o "despedida del Río", primera manifestación masiva del Pueblo Êbêra frente al proyecto hidroeléctrico. Las comunidades demandan que las obras civiles están en un considerable estado de adelanto y como población originaria no ha sido enterada del proyecto. Este evento desembocó en los acuerdos con la Empresa Multipropósito URRÁ S.A. para la mitigación de impactos por la desviación del Río, entre ellos la formulación y financiación de un Plan de Etnodesarrollo, y un acuerdo con el INCORA (Instituto para la Reforma Agraria) para el saneamiento del territorio.

En 1.995 se inicia el proceso para la formulación del Plan de Etnodesarrollo. Se amplían las actividades y funciones de los Cabildos y se suspende el corte de la madera (actividad tolerada y permitida por las autoridades civiles, militares y ambientales de la zona). Se presenta a la Empresa Urrá los proyectos para desarrollar este Plan. En octubre del siguiente año, ante el incumplimiento de la Empresa para darle continuidad a los Proyectos, las autoridades y líderes Êbêra de Río Sinú y Río Verde ocupan la Embajada de Suecia. Se acordó un nuevo proceso de diálogo para concertar contraprestaciones y participación en los beneficios de la hidroeléctrica por la inundación de parte de nuestro territorio. Fue a partir de entonces que comenzaron los problemas y la intervención indebida de la Alcaldía de Tierralta y otras instituciones, incluida la Empresa URRÁ S.A.

En el mismo año, al interior del territorio y del pueblo Êbêra se originan serias dificultades relacionadas con las medidas de suspensión del corte de madera con fines comerciales, pues algunos indígenas derivaban su economía de esta actividad. Esta inconformidad es potencializada desde la Alcaldía, la Empresa Urrá y la División de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, pues impulsan que este sector se convierta en un cuestionado gobierno indígena y adelante la interlocución con el Estado. Las demandas anteriores del pueblo Êbêra son mostradas como iniciativas que impiden y obstaculizan el desarrollo de la región.

Durante el año 1.997 se intensifica el conflicto interno propiciado desde afuera por la intervención interesada de los actores ya mencionados, lo que obliga a que el pueblo Êbêra ocupe la Alcaldía de Tierralta.

En el mismo año, la Empresa Urrá suspende unilateralmente los proyectos del Plan de Etnodesarrollo tomando como argumento el conflicto interno y esto conduce a que se presente una grave situación alimentaria y de salud

 

LOS DERECHOS DEL PUEBLO EMBERA SON TUTELADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DESCONOCIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

Ante esta situación de desconocimiento de sus derechos, el 20 de marzo de 1.998 las autoridades indígenas de los ríos Sinú, Verde y Beguidó presentan una acción de tutela contra la Empresa Urrá y la Alcaldía de Tierralta por la violación de sus derechos fundamentales, ante el Tribunal Superior de Córdova, el cual la consideró improcedente, así como la Corte Suprema en segunda instancia, pasando a revisión de la Corte Constitucional en el mes de junio.

En estos meses y hasta julio, se adelanta un procedimiento de consulta ilegal y amañado con el sector disidente del Pueblo Êbêra, el cual es avalado y convocado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente. El 30 de julio, a pocos días de iniciarse el llenado del embalse, la Corte Constitucional ordena suspender las operaciones.

En este lapso de tiempo ocurren hechos criminales tales como la quema de la canoa de la Organización indígena por los paramilitares y se reciben continuas amenazas contra las comunidades de Río Sinú y Verde. El 25 de Agosto de 1998 es asesinado por paramilitares en su casa ALONSO DOMICO JARUPIA, un líder espiritual muy importante del pueblo Êbêra.

Finalmente el 10 de Noviembre de 1998 la Corte Constitucional resuelve mediante la Sentencia T-652 tutelar los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del Pueblo Êbêra Katio del Alto Sinú, y ordena :

A. A LA EMPRESA URRA

1) Indemnizar al pueblo Êbêra con un subsidio alimentario y de transporte para todos los miembros durante 20 años, a través de un fideicomiso pagado mensualmente.

2) Adelantar un proceso de Consulta, previo al llenado y operación del Embalse, teniendo en cuenta que :

  • Los indígenas y sus comunidades son los que elaboran su propia lista de impactos del llenado y funcionamiento de la represa.
  • La negociación de un acuerdo sobre la prevención de impactos futuros, mitigación de los que ya se presentaron y los previsibles
  • La compensación por la pérdida del uso y goce de parte de los terrenos de los actuales resguardos
  • La participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales, y
  • demás temas incluidos en la agenda de la consulta.

3) Financiación del plan destinado a lograr que las prácticas embera tradicionales de recolección y caza, puedan ser reemplazadas por prácticas productivas

4) Reiniciar inmediatamente los programas del plan de Etnodesarrollo,

5) El llenado queda suspendido hasta que Urrá cumpla con los requisitos exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente en el auto 828/97, cumpla con las obligaciones de la Sentencia y ponga en ejecución las obligaciones del proceso de consulta y concertación.

B. A LA ALCALDIA

6) Reconocer como autoridades tradicionales a los gobernadores locales, los cuales deben ser inscritos por la Alcaldía de Tierralta.

7) inscribir a los miembros del pueblo Embera-Katío de ese municipio en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

8) Abstenerse de interferir en los asuntos propios de la autonomía Êbêra, igual que a la Gobernación de Córdoba, al Ministerio del Interior, a la Empresa Multipropósito Urrá S.A., a la Procuraduría Agraria, a la Defensoría del Pueblo, y a las organizaciones privadas intervinientes en este proceso.

C. AL INCORA

9) Unificar el resguardo del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú.

D. AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL MEDIO AMBIENTE

10) Que inapliquen el Decreto 1320 de 1998 en este proceso de consulta, y hagan la consulta debida.

11) Al Ministerio del Medio Ambiente que intervenga para que no se minimicen de manera irresponsable, los riesgos previsibles para la salud y la supervivencia de los Embera-Katio del Alto Sinú.

12) Al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del río Sinú y el San Jorge (CVS) concertar un régimen especial de manejo del área en que están superpuestos el parque nacional natural del Paramillo y los actuales resguardos indígenas.

Desde la misma notificación de la sentencia se presentan irregularidades en su cumplimiento, a la que siguen la negativa de la Alcaldía de adelantar los trámites de registro de las autoridades indígenas, lo que obliga a estas comunidades a presentar un incidente de desacato ante el Tribunal de Montería, el cual se resuelve negativamente. No es sino hasta el 28 de enero de 1.999 que la Alcaldía registra, con irregularidades, el nombramiento de los gobernadores de Río Sinú y Río Verde.

Dos días después las comunidades son hostigadas por grupos paramilitares mediante la retención de personas que se desplazan por el río, hechos en los cuales son quemadas varias embarcaciones y es asesinado ALEJANDRO DOMICO.

A pesar que la sentencia ordenó el 10 de noviembre de 1.998, a la Alcaldía, la Gobernación, el Ministerio del Interior y a la Empresa Urrá, "reiniciar inmediatamente, si aún no lo han hecho, todos los programas acordados con los Embera katio en el marco del Plan de Etnodesarrollo" no es sino hasta el 18 de marzo de 1.999 que la Empresa Urrá accede a poner en ejecución los proyectos de dicho Plan, quedando aún pendientes los proyectos relacionados con salud y educación, en los cuales también tienen responsabilidad otras instituciones.

En esa misma fecha la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior convocó a la "continuidad al proceso de consulta", cuando se trataba de iniciarlo. Las comunidades de Rio Verde y Río Sinú dejan expresa constancia del malestar generado por la intervención parcializada de dicha Dirección. También se denuncia en esta fecha el cierre de las compuertas de los túneles y el inicio de llenado del embalse sin cumplir con el proceso de consulta con el Pueblo Êbêra Katío. No hubo explicación clara de la empresa y del Ministerio del Medio Ambiente. Luego nos enteramos que hubo autorización del Ministerio, como se observó en el informe de la firma Monitora MONENCO AGRA del Canadá.

El 24 de abril, cuando estamos negociando los proyectos del Plan, es asesinado en su casa, nuestro líder y vocero en este proceso, LUCINDO DOMICÓ CABRERA. Las amenazas a nuestros líderes continúan, lo que obliga a que tres de ellos abandonaran temporalmente la zona.

A pesar de todos los obstáculos y de nuestro inmenso dolor por las pérdidas de nuestros compañeros, el 13 de mayo entregamos nuestra propuesta de Consulta y Concertación enfatizando en la necesidad de un acuerdo único para que fuera legal y no se afectara nuestra integridad como pueblo. Sinembargo el Gobierno Nacional siguió impulsando dos acuerdos y buscando mediante engaños la autorización de los Gobernadores indígenas para el llenado y operación del embalse. Es así como el 15 de mayo el Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, presentó un documento elaborado previamente para comprometer con su firma a los 3 Gobernadores Mayores a aceptar el llenado del embalse antes del proceso de consulta y en el que se manifestaba que se hacía también a nombre de los pescadores del Bajo y Medio Sinú.

Como estas artimañas no dan resultados, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente, así como la Empresa Urrá, días después, firman preacuerdos con un sector del pueblo Êbêra, en materia de indemnización y de reposición de tierras. Esto es una violación de la Sentencia y de la integridad del pueblo Embera, pues se entrega tierra para uso exclusivo de un grupo cuando el territorio es de todos, agravando aún más la división interna y la crisis cultural de nuestro pueblo.

Al mismo tiempo el accionar de los grupos armados en nuestro territorio nos coloca en situación de permanente incertidumbre en momentos en que estamos adelantando el proceso de consulta interna. El 15 de junio, en un ataque paramilitar a Saiza, en límites del territorio de resguardo, son heridos dos Embera, que son trasladados al Hospital de Tierralta. De allí se remiten a Montería y en la vía son interceptados por paramilitares, quienes sacan de la ambulancia a RUBÉN DARÍO MOSQUERA PERNÍA, sin que se sepa de su paradero a la fecha.

Nosotros seguimos cumpliendo con nuestra palabra y de acuerdo con el proceso de consulta que planteamos, el 18 de agosto nos sentamos a la Mesa de Concertación con el Gobierno Nacional y la Empresa Urrá. Seguimos insistiendo en un solo proceso de consulta y un solo acuerdo, y en consecuencia, una sola convocatoria para todo el pueblo Êbêra.

Mantuvimos la palabra de presentar nuestras propuestas, como lo hicimos, presentando nuestro propio listado de impactos, el Plan de Manejo Ambiental, participación en beneficios y propuesta de compensación por la perdida del uso y goce de parte de nuestro territorio. Esperábamos que el Gobierno saneara el procedimiento de consulta y concertación, pero la respuesta fue que todo estaba dentro de lo legal. Además el Gobierno insistió en asistir como veedor y no como parte del proceso, que en desarrollo de sus funciones, deben velar por los derechos de los pueblos indígenas. Sólo el Defensor del Pueblo llamó a corregir los procedimientos, considerando que los que se llevaban a cabo amenazaban "de manera grave e irreversible la integridad étnica, cultural, social y económica" de nuestro pueblo.

Señalamos como uno de los impactos más graves la división interna promovida desde afuera y que pone en grave riesgo nuestra integridad como pueblo. Dijimos que solo era prevenible con la convocatoria a un solo proceso de concertación y la negociación de un solo acuerdo. Le dijimos al Gobierno y a la Empresa Urrá que no queríamos plata y que los impactos no solo eran valorables en dinero. Que los daños que hemos sufrido por la construcción de la represa debían ser reconocidos públicamente. Si el Papa ha pedido perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica en estos siglos contra nosotros y otros pueblos del mundo, porqué ellos no pueden hacerlo ? Porqué si nuestros jefes se sentaron a la Mesa de Concertación, el Gobierno evade su responsabilidad con nuestro presente y nuestro futuro ? En este tiempo hemos sabido que la decisión de la justicia kapunia es para ellos motivo de burla y que su palabra no tiene valor.

A nombre del pueblo Embera nos sentamos en la Mesa de Concertación y Negociación sesenta mujeres y hombres Embera con el ánimo de lograr acuerdos para el bienestar futuro de nuestros hijos que son más del 60% de nuestra población. El Gobierno mandó funcionarios sin capacidad de negociación y decisión porque su intención no era concertar acuerdos ni negociar sobre propuestas. Así cumplen con las decisiones de los más altos jueces ? Es esa su buena fé para buscar acuerdos ? Lo que entendemos es que así quiere el Ministro Juan Mayr decidir unilateralmente los temas de la consulta al vencimiento del plazo señalado en el fallo de tutela, otorgando licencia para la muerte de nuestra cultura.

La Empresa Urrá también desacató la sentencia al negarse a la negociación sobre participación en beneficios y propuso a cambio una renta sustituta, que no es más que un pago de arriendo de nuestro territorio cuando esto no el legal ni aceptable. Según la empresa al levantarse de la mesa el 2 de septiembre, no existe Convenio 169 de la O.I.T. ni Ley 21 de 1991, ni Decreto 2164 de 1995, ni Decreto 1397 de 1996, y la sentencia T-652/98 no le ordena nada al respecto.

No hubo consulta ni concertación, luego el gobierno no puede decidir sobre un proceso que no ha existido, ni autorizar el llenado del Embalse. El Ministro del Medio Ambiente como "autoridad" se arroga la facultad de decidir de manera completamente arbitraria y en expresión de autoritarismo, porque aún no nos han permitido la opción de decidir conforme a nuestra autonomía.

Nuestra iniciativa es que culminemos y ajustemos el proceso de consulta, concertación y negociación sobre los temas señalados en la Sentencia de Tutela, para lo cual proponemos el establecimiento de una mesa de negociación en Bogotá con los Ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente e Interior, para que de manera legal, adecuada, participativa y de buena fe se realice la consulta y concertación con el pueblo Embera afectado por una obra que no pedimos que se construyera en nuestro territorio.

Estamos seguros que nuestros dioses y nuestros muertos nos seguirán enseñando el camino para pervivir como pueblo.


   

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